Derogaron el estado de sitio en la región de Lima

El gobierno de Perú informó este jueves que resolvió levantar el estado de emergencia (sitio) que regía en el departamento de Lima desde hacía casi dos meses y que fuera dispuesto a raíz de la ola de protestas antigubernamentales que sacude al país.

Mientras tanto, el Congreso unicameral se aprestaba a interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero, acerca de la represión de las protestas, que dejaron más de 60 muertos, según datos oficiales. 

“Entendemos que han pasado las condiciones y las consideraciones que nos llevaron a declarar” el estado de emergencia, dijo el jefe del gabinete, Alberto Otárola, en declaraciones a la prensa en el Palacio de Gobierno. 

El estado de sitio en esa región, que incluye la capital homónima, fue decretado el 15 de enero y prorrogado por un mes el 14 de febrero, de modo que iba a estar vigente hasta la semana próxima. 

Otárola informó que la decisión de levantarlo se tomó este jueves por la tarde en una reunión del Consejo de Ministros (gabinete) y agregó que es “importante para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, según la agencia de noticias Andina y la radio limeña RPP.

Asimismo, el estado de emergencia sigue vigente en otros departamentos regionales, entre ellos siete del centro-sur del país. 



Perú vive una ola de protestas cotidianas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

La intensidad de las manifestaciones se redujo considerablemente en el último mes, a tal punto que este miércoles se mantenían solo 18 bloqueos de rutas en ocho de las 195 provincias en que se dividen los 24 departamentos regionales del país, después de que llegara a haber más de 90 hace un mes, según datos de la Defensoría del Pueblo. 

Sin embargo, en el contexto de las protestas murieron 55 personas (48 civiles, un policía y seis militares) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas, y al menos 1.301 resultaron heridas (incluidos 329 policías y seis militares), según el último balance de la Defensoría, publicado este miércoles.

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en los departamentos Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos.



Por ese motivo, la presidenta Dina Boluarte compareció el martes ante la Fiscalía de la Nación, en una causa en la que también están implicados Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los ex jefe del gabinete Pedro Angulo y ministro del Interior Víctor Rojas. 

Igualmente, el Congreso citó para este jueves a la tarde a Romero para interpelarlo.

Al respecto, Otárola aseguró que los integrantes del gabinete están dispuestos a comparecer ante el parlamento para explicar las medidas con que el Ejecutivo enfrentó las protestas. 

“El gobierno quiere ratificar la voluntad de acudir al Congreso las veces que sea necesario para dar cuenta a la representación nacional sobre los actos, gestiones y decisiones que tomamos como Ejecutivo”, dijo. 

Fuente: Télam