Diputados busca aprobar la ley contra el crimen organizado, con el respaldo de oficialistas y dialoguistas

La Cámara de Diputados tratará de aprobar el martes, en una sesión especial, un proyecto de ley que busca luchar contra el crimen organizado, con el respaldo del oficialismo y de los bloques dialoguistas.  

Uno de los datos relevantes de esa propuesta es que no solo se van agravar las penas a los delincuentes, sino de cualquier miembro de esa asociación ilícita que cometió ese crimen o atentado.  

La Libertad Avanza (LAA) decidió incluir el tratamiento de esta iniciativa tras alcanzar un acuerdo con el PRO, la UCR, y la Coalición Cívica, cuyos principales dirigentes firmaron el pedido para ser tratada el próximo martes.  

La sesión especial solicitada por el presidente de LLA, Gabriel Bornoroni, debatirá además de la Boleta Única de Papel, los proyectos de lucha contra el crimen organizado, y del programa de regularización de tenencias de armas y de entregada voluntaria de armas.  

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un paquete de proyectos para combatir el delito, entre los que figuran la baja de la edad de imputabilidad en el cual aún no hay acuerdo, y otro sobre los cambios en el Código Penal para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.  

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre Crimen Organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.  

Una de las modificaciones es que se contempla una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.   

En ese sentido se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho, también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.  

Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final. 

 La pena máxima que le corresponde al autor se podrá aplicar a cualquier miembro de la organización que "se valiera de la violencia física o de amenazas para el cumplimiento de sus fines"; o si los hechos se produjeran de manera "reiterada y ostensible en beneficio de la organización".