Columna de Asuntos Legales: “Debate por la baja en la edad de imputabilidad”
En una nueva columna de asuntos legales, el abogado Emiliano Oyola (MP 5-862) abordó un tema vigente, bajo el título: “Debate por la baja en la edad de imputabilidad penal en Argentina”
Martes 23 de septiembre 2025 | 14:31 Hs.
La posibilidad de reducir la edad mínima de imputabilidad penal volvió a instalarse en la agenda política y social argentina. La Ley 22.278, vigente desde 1980, establece que los menores de 16 años no pueden ser responsabilizados penalmente, mientras que entre los 16 y 18 solo son punibles por delitos graves como homicidio, violación o robos con violencia. A partir de los 18, rige el régimen penal común.
Los proyectos de reforma buscan bajar la edad a 14 años en casos de delitos graves, con el argumento de que el crimen organizado suele utilizar a menores sabiendo que no pueden ser juzgados como adultos. También se plantea que una modificación daría respuestas más rápidas a las víctimas y equipararía la legislación argentina con otros países de la región, como Chile y Uruguay, donde el límite está fijado en 14.
No obstante, especialistas, organismos de derechos humanos y sectores académicos advierten que la cárcel no resuelve la delincuencia juvenil y puede profundizarla, convirtiendo a adolescentes en reincidentes más peligrosos. Señalan que la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley proviene de contextos de pobreza y exclusión, por lo que la prioridad debería estar en políticas sociales, educativas y de reinserción antes que en medidas punitivas.
En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben fijar una edad mínima de responsabilidad penal y, sobre todo, garantizar que las respuestas prioricen la rehabilitación. UNICEF recomienda no bajar de los 14 años.
La experiencia comparada es variada: mientras países como Inglaterra fijan la edad en apenas 10 años, en Latinoamérica oscila entre los 12 y 14. Sin embargo, los estudios muestran que bajar la edad no ha significado una reducción de los delitos juveniles. De hecho, naciones como Dinamarca y Georgia, tras haber disminuido el límite, debieron volver a elevarlo al no encontrar mejoras en los índices de criminalidad.
Así, la discusión en Argentina refleja un dilema central: cómo equilibrar la seguridad ciudadana y la protección de la niñez, en un debate donde la evidencia internacional sugiere que las reformas penales, por sí solas, no alcanzan sin un fuerte acompañamiento social y educativo.
Los proyectos de reforma buscan bajar la edad a 14 años en casos de delitos graves, con el argumento de que el crimen organizado suele utilizar a menores sabiendo que no pueden ser juzgados como adultos. También se plantea que una modificación daría respuestas más rápidas a las víctimas y equipararía la legislación argentina con otros países de la región, como Chile y Uruguay, donde el límite está fijado en 14.
No obstante, especialistas, organismos de derechos humanos y sectores académicos advierten que la cárcel no resuelve la delincuencia juvenil y puede profundizarla, convirtiendo a adolescentes en reincidentes más peligrosos. Señalan que la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley proviene de contextos de pobreza y exclusión, por lo que la prioridad debería estar en políticas sociales, educativas y de reinserción antes que en medidas punitivas.
En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben fijar una edad mínima de responsabilidad penal y, sobre todo, garantizar que las respuestas prioricen la rehabilitación. UNICEF recomienda no bajar de los 14 años.
La experiencia comparada es variada: mientras países como Inglaterra fijan la edad en apenas 10 años, en Latinoamérica oscila entre los 12 y 14. Sin embargo, los estudios muestran que bajar la edad no ha significado una reducción de los delitos juveniles. De hecho, naciones como Dinamarca y Georgia, tras haber disminuido el límite, debieron volver a elevarlo al no encontrar mejoras en los índices de criminalidad.
Así, la discusión en Argentina refleja un dilema central: cómo equilibrar la seguridad ciudadana y la protección de la niñez, en un debate donde la evidencia internacional sugiere que las reformas penales, por sí solas, no alcanzan sin un fuerte acompañamiento social y educativo.
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