Los gremios reclaman recuperar millones de dólares destinados a las jubilaciones públicas y un aumento salarial del 8%. La protesta representa uno de los primeros desafíos para Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia después de la destitución de Santiago Peña.
Docentes del sector público de Paraguay se movilizarán este lunes 9 de noviembre para exigir la devolución de fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central tras detectar graves problemas de solvencia.
La protesta se desarrollará en Asunción y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país, en medio de una crisis financiera y política que provocó la destitución del expresidente Santiago Peña.
La movilización será uno de los primeros desafíos para Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia el viernes 6 de noviembre, luego de que el Congreso paraguayo aprobara la salida de su antecesor mediante un juicio político.
Reclaman la recuperación de millones de dólares
La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) exigió la devolución de 60 millones de dólares correspondientes a la caja fiscal, el sistema que administra las jubilaciones de los trabajadores públicos.
El gremio también reclamó recuperar aproximadamente 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), además de otros recursos previsionales que permanecen afectados por la intervención bancaria.
A estos pedidos se suman un reajuste salarial del 8% y mayores recursos presupuestarios para el sector educativo durante 2027.
La convocatoria cuenta con el respaldo de otras organizaciones sindicales, entre ellas la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).
La caída de Ueno Bank desencadenó la crisis política
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
La entidad financiera contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, entre particulares e instituciones públicas que mantenían importantes sumas depositadas.
La medida provocó restricciones en el acceso a los fondos y generó protestas de ahorristas y sectores afectados.
La crisis también derivó en cuestionamientos políticos contra Santiago Peña por sus presuntos vínculos con la entidad bancaria y por el manejo de los recursos públicos.
Finalmente, el Congreso aprobó su destitución mediante un juicio político, lo que permitió la asunción de Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado.
Las primeras medidas del nuevo presidente
En medio de la crisis, Alliana anunció una serie de decisiones vinculadas con la seguridad y la asistencia a familias afectadas por inundaciones.
El mandatario ordenó al Ministerio de Justicia reforzar el cumplimiento de las normas penitenciarias y evitar privilegios para personas procesadas.
Además, dispuso el despliegue del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas en Itá Corá, departamento de Ñeembucú, para distribuir alimentos entre las familias perjudicadas por la crecida del río Paraná. “Mi prioridad es dar respuestas a los paraguayos. Menos palabras y más resultados”, expresó el presidente.
Mientras el nuevo gobierno intenta recuperar la estabilidad institucional y financiera, los sindicatos docentes mantienen sus reclamos por la protección de los fondos jubilatorios y la mejora de las condiciones salariales.