Denuncian hacinamiento y sobremedicalización en cárceles cordobesas: en el último mes murieron dos personas presas

A través de un comunicado, la Red por los derechos humanos en contextos de encierro Córdoba apuntó contra el Servicio Penitenciario de la provincia por la muerte en el último mes de dos personas presas, Carla Gascón, de 38 años de edad y alojada en la cárcel de Bouwer, y de Kevin Nicolás Godoy, de 24 años, trasladado a Río Cuarto cuatro días antes de su muerte, a causa de quemaduras, que según alcanzó a denunciar habrían sido producto de torturas ejercidas por guardiacárceles.

El 17 de octubre Carla Gascon muere en el Establecimiento Penitenciario No 3 de Mujeres. Tenía 38 años. Era oriunda de Santa Fe y había venido hace poco de la cárcel de Río Cuarto. En relación a esta muerte, no se brindó información oficial. "Sus compañeras de prisión aseguran que murió por falta de atención médica, luego de solicitarla durante más de 10 días. Carla sólo recibió atención de la doctora Salas, que es ginecóloga y es la médica que está a cargo de la cárcel de mujeres y al parecer, le dieron medicación de forma errónea", indicaron desde la Red.

No es el primer caso de muerte en contexto de encierro en Córdoba por falta de atención médica y por ello, sus compañeras llevaron adelante una huelga de hambre por más de dos días. Este reclamo posibilitó que este fallecimiento no pasara desapercibido socialmente y demandaron además que se aceleren sus procesos (la mayoría de las detenidas siguen en condición de procesadas).

Desde el Movimiento Anticarcelario afirman que además se presentaron Hábeas Corpus ante los juzgados de ejecución N° 1, 2 y 3, en donde se plantea el retraso de los informes, pericias y pronósticos criminológicos de parte del Servicio Penitenciario de Córdoba.

"Desde la Red de Derechos Humanos en contexto de encierro venimos planteando el preocupante contexto de violación de derechos en la cárcel de mujeres y consideramos que el hacinamiento es el problema central, que agudiza problemas preexistentes y constituye en sí mismo, una práctica de tortura por la imposibilidad fáctica de acceso a derechos, no sólo a la salud, sino también de educación, trabajo, recreación y visita; y que infringe los estándares internacionales en DDHH de cantidad de alojadas por celda. Esto es responsabilidad principalmente del poder judicial, que continúa ordenando detenciones en este centro sin considerar esta superpoblación que existe desde hace tiempo en el establecimiento Padre Luchesse- Bouwer", explican desde la Red.

Tal como denunciaron en un informa  presentado ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, en la cárcel de mujeres de Bouwer se registra una sobremedicalización de las internas, es decir una administración no controlada de los psicofármacos.

"Las internas denuncian ausencia de atención psicológica y esto afecta considerablemente en las situaciones de intentos de suicidio. El acceso a educación, que según relatan familiares, es deficiente, sólo el 1% de la población puede acceder a diferentes programas educativos. Al igual que en resto del complejo, las internas relatan cortes de agua prolongados", agregan desde la agrupación.

Asimismo, advierten que en la cárcel de mujeres se han registrado situaciones de violencia obstétrica, tal como se probó en el Habeas Corpus correctivo y preventivo admitido por el Tribunal Superior de Justicia en septiembre del 2022, y de vulneración de derechos a la higiene femenina y restricciones innecesarias a las visitas; como así también, requisas vejatorias a familiares. "Incluso algunas internas relatan que las hacen parir con medidas de sujeción.

El área de salud de este complejo, es utilizado por motivos de resguardo ante amenazas entre internas, y se convierte en una especie de medida de sujeción, al estar aisladas, sin salida al patio y expuestas al contagio de enfermedades de quienes van al área por cuestiones de enfermedad", señalan.


Fuente: La Nueva Mañana