Detectan escandaloso fraude en la Asignación Universal por Embarazo: cientos de certificados falsos
El Ministerio de Capital Humano denunció ante la Justicia más de 200 casos de corrupción que implican la presentación de certificados apócrifos para acceder a la Asignación Universal por Embarazo, generando una defraudación al Estado de aproximadamente $165 millones.
Domingo 27 de octubre 2024 | 17:51 Hs.
El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Capital Humano, ha revelado un alarmante sistema de fraude relacionado con la Asignación Universal por Embarazo (AUE). La denuncia, presentada ante la Justicia, detalla al menos 203 casos en los que mujeres que no estaban embarazadas habrían tramitado y cobrado la ayuda estatal mediante documentos falsificados.
Las irregularidades fueron detectadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y han causado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente $165 millones. Según funcionarios de La Libertad Avanza, esta metodología expone una práctica sistemática de presentación de certificados médicos apócrifos en diferentes oficinas de ANSES para obtener la asignación de forma fraudulenta.
La investigación, que se encuentra bajo la jurisdicción del juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González, ha puesto en la mira a numerosos médicos involucrados en la certificación de embarazos inexistentes. Se han encontrado casos donde se utilizaron matrículas inválidas o se firmaron formularios por profesionales que no son obstetras.
Entre los casos más destacados se encuentran irregularidades en documentos emitidos por una médica cuya identidad se reserva, en los que se observaron sellos falsos con diferentes tipografías y la confirmación de que las mujeres no habían dado a luz. Asimismo, se han identificado formularios firmados con matrículas que correspondían a otros profesionales, y en algunos casos, se ha verificado que quienes firmaban no eran médicos.
La ANSES, que está llevando a cabo una auditoría de los casos, ha encontrado inconsistencias en la información proporcionada por los supuestos beneficiarios, muchos de los cuales no habitan en los domicilios consignados en los formularios o no recuerdan conocer a los médicos certificantes.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y validación de la documentación presentada para acceder a beneficios sociales, con el fin de prevenir futuros fraudes y proteger los recursos del Estado.
Las irregularidades fueron detectadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y han causado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente $165 millones. Según funcionarios de La Libertad Avanza, esta metodología expone una práctica sistemática de presentación de certificados médicos apócrifos en diferentes oficinas de ANSES para obtener la asignación de forma fraudulenta.
La investigación, que se encuentra bajo la jurisdicción del juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González, ha puesto en la mira a numerosos médicos involucrados en la certificación de embarazos inexistentes. Se han encontrado casos donde se utilizaron matrículas inválidas o se firmaron formularios por profesionales que no son obstetras.
Entre los casos más destacados se encuentran irregularidades en documentos emitidos por una médica cuya identidad se reserva, en los que se observaron sellos falsos con diferentes tipografías y la confirmación de que las mujeres no habían dado a luz. Asimismo, se han identificado formularios firmados con matrículas que correspondían a otros profesionales, y en algunos casos, se ha verificado que quienes firmaban no eran médicos.
La ANSES, que está llevando a cabo una auditoría de los casos, ha encontrado inconsistencias en la información proporcionada por los supuestos beneficiarios, muchos de los cuales no habitan en los domicilios consignados en los formularios o no recuerdan conocer a los médicos certificantes.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y validación de la documentación presentada para acceder a beneficios sociales, con el fin de prevenir futuros fraudes y proteger los recursos del Estado.
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