Estados Unidos reconsidera sus sanciones a Venezuela tras una decisión judicial

Estados Unidos está revisando su política de sanciones para Venezuela después de que un tribunal confirmara una prohibición que impide a la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, ejercer su cargo, informó el sábado el Departamento de Estado.

La decisión del viernes del Tribunal Supremo de Venezuela significa que Machado permanece inhabilitada y no puede inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024.

"En Estados Unidos estamos revisando nuestra política de sanciones a Venezuela, teniendo en cuenta este acontecimiento y los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

Por su parte, la oposición venezolana no se está levantando de la mesa sino "denunciando abiertamente al país la violación parcial del acuerdo de Barbados", dijo en una conferencia en Caracas Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, donde también solicitó que se revierta la decisión del tribunal venezolano sobre Machado.

La Plataforma Unitaria de la oposición también negó cualquiera vinculación de sus miembros con hechos violentos, después de que el presidente Nicolás Maduro apuntara a "conspiraciones" en su contra.

Con respecto a las posibles medidas por parte de Estados Unidos, Blyde apuntó: "no estamos pidiendo sanciones ni es nuestro trabajo, nosotros buscamos que el proceso avance".

Miller había señalado más temprano que el fallo era una "decisión profundamente preocupante" que iba en contra de los compromisos asumidos por Maduro de permitir a todos los partidos
seleccionar a sus candidatos para las elecciones presidenciales.

El Gobierno venezolano y la oposición firmaron en octubre de 2023 dos acuerdos parciales en Barbados que establecen algunas garantías para la elección presidencial en el segundo semestre de 2024.

Tras el pacto, Estados Unidos flexibilizó por seis meses las sanciones al sector de petróleo y gas, y levantó la prohibición para negociar bonos venezolanos.