Ley Joaquín: los cambios que impulsa la Provincia tras el crimen del menor en Laboulaye

El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto para crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que propone establecer derechos y garantías para quienes atraviesan un proceso penal.

La propuesta, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, sugiere que la norma se denomine “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años asesinado en Laboulaye en julio de 2023 por un amigo de 14 que fue declarado inimputable.

Desde entonces, la familia del joven reclamó cambios en la legislación para mejorar la participación de las víctimas en los procesos judiciales. Fue uno de los casos que motivó el nuevo régimen penal juvenil a nivel nacional.

El proyecto establece estándares mínimos de trato, información, asistencia, protección y reparación para las víctimas, además de fijar obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales, explicaron las autoridades provinciales.

Entre los derechos que se garantizan desde el primer contacto con la Justicia se incluyen:
 

• Trato digno, privacidad y no revictimización
• Información clara sobre el proceso penal
• Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado
• Participación en audiencias y decisiones relevantes
• Asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita
• Medidas de protección urgentes ante riesgos o intimidaciones
• Reparación integral del daño

El texto también incorpora el principio de "debida diligencia“, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que el proceso judicial agrave el daño sufrido por la víctima.

Cambios a favor de la víctima

La iniciativa también propone modificaciones al Código Procesal Penal de Córdoba para que los derechos previstos puedan aplicarse en la práctica.

Entre los cambios más importantes destacan:
 

• Permitir que víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
• Reforzar la obligación de informar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad.
• Establecer medidas para evitar la revictimización durante el proceso judicial.
• Incorporar modalidades especiales de declaración en delitos graves como violencia de género o delitos sexuales.
• Garantizar que la víctima sea informada en casos de juicio abreviado en delitos graves.

Fuente e imagen: El Doce