Lo acusan de hacer 34 amenazas de bomba en tres meses

El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Facundo Maximiliano Martínez Radaelli, el joven acusado de haber hecho 34 amenazas de bomba en Casa Rosada, medios de comunicación, el Congreso, estaciones de subte y tren y otras instituciones de la Justicia, en un lapso que va del 13 de agosto al 9 de noviembre pasado.

Las amenazas las dirigió al sistema de atención de emergencias 911 desde cinco distintos teléfonos en donde dio distintas identidades. Ahora, fue procesado con preventiva por amenazas coactivas e intimidación pública, y el fijaron un embargo de 20 millones de pesos.

Según las alertas recibidas, las amenazas fueron por la supuesta existencia de bombas en Casa Rosada, como lo fue el 13 de agosto pasado mismo día en que se denunció también un artefacto en la Cámara Nacional Electoral.

También hubo llamados anunciando la existencia de una bomba en la estación constitución del ferrocarril, en el Belgrano Sur, en el Congreso de la Nación, en medios de comunicación, en el búnker de “Unión por la patria” y en colegios.

Las llamadas las hacía utilizando redes de wi Fi provistas por una empresa de telecomunicaciones pero se valoró que el contenido de las amenazas eran todas similares y por un mismo timbre de voz.

“Se advierte que las circunstancias expuestas con anterioridad revelan que se cuenta con un plexo probatorio suficiente como para afirmar que Martínez Radaelli fue quien efectuó la totalidad de las comunicaciones mencionad”, sostuvo Ercolini en su fallo.

“El hecho de que los llamados de alerta o amenazantes fueran proferidos en perjuicio de lugares sumamente concurridos, con gran circulación de personas y medios de transporte, o afectados al normal desenvolvimiento del proceso electoral nacional –tal es el caso de las amenazas proferidas contra la Casa Rosada, la Cámara Electoral, el Congreso de la Nación y el búnker del partido “Unión por la Patria”–, revelan que con su realización Martínez Radaelli pretendió infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al prever el impacto que los procedimientos y alertas generadas tendrían en la población en general y en las personas particularmente afectadas por las inspecciones”, valoró.