Martín Llaryora logró la venia del Tribunal de Cuentas para avanzar con la autopista Córdoba-San Francisco

La decisión fue adelantada a Comercio y Justicia por una fuente del Ejecutivo, pese a que el Gobierno nacional todavía no terminó de cerrar el litigio con una de las contratistas originales, a cargo de uno de los tramos inconclusos de la obra. De hecho, de los casi 200 kilómetros del trazado, hay dos que quedaron frenados por diferentes problemas con el Gobierno nacional. Esos segmentos incluyen Cañada Jeanmarie-San Francisco de 35,5 kilómetros y Tránsito-Arroyito de 29,4 kilómetros. La idea de Llaryora es licitar esos dos segmentos en tres concursos diferentes, con un plazo de obra de 18 meses. De respetarse esos plazos, la autopista hasta San Francisco debería estar inaugurada antes de fines de 2026. Un dato no menor es la inversión necesaria. Según una fuente oficial, el fondeo para terminar la obra es de unos 100 millones de dólares. El gobernador y el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, han presentado ése y otros proyectos de infraestructura ante diferentes organismos de crédito para su financiamiento. “Si vamos a esperar a que la Nación termine de desvincularse de la contratista con la que mantiene un litigio, la obra no la vamos a concluir más”, graficaron en el Centro Cívico. Por lo demás, se trata de un proyecto clave por su importancia como vía de comunicación dentro del Mercosur pero también para la seguridad del tránsito en general. En ese contexto, es para Llaryora un proyecto emblemático, así como lo fue para De la Sota la autovía de la ruta 36 o para Schiaretti el cierre de la Avenida de Circunvalación. Confusión Por lo demás, desde la Provincia negaron que la aparición de la ruta 19 entre los corredores a privatizar -incluidos en el decreto 97 publicado días atrás en el Boletín Oficial- se refiera a la vieja traza entre Córdoba y San Francisco y no a la autopista. La normativa señala que, entre los corredores a licitar a privados bajo la modalidad de “concesión por peaje”, figura el tramo desde Río Primero hasta Santo Tomé, Santa Fe. Son 280 kilómetros.  “Es la ruta vieja, no la autopista, ahí está la confusión”, reveló un informante a este medio. El decreto en cuestión autoriza el “procedimiento para la privatización total de Corredores Viales SA”, la empresa estatal a cargo de diferentes rutas nacionales en todo el país, entre ellas la ruta 9 y otros corredores que transitan la provincia de Córdoba.