Milei le quitó otra caja a los sindicatos: de qué se trata la medida

El pasado viernes, y a pocas horas de otra marcha contra su Gobierno, el presidente Javier Milei avanzó contra la financiación de los sindicatos al eliminar la intermediación de las obras sociales cuando los aportes de los trabajadores se derivan a empresas de medicina privada.

La alternativa de “saltear” a las obras sociales sindicales –que se quedaban con un porcentaje de los aportes de trabajadores y empresas- está en vigencia desde diciembre de 2024 como opción voluntaria, pero por resolución de la Secretaría de Salud desde ahora pasó a ser obligatoria.

El aporte al sistema de la salud por parte de los asalariados se compone de un 3% de su sueldo bruto, más un 6% por parte los empleadores. De esta forma se integra un monto que termina financiando a las obras sociales sindicales o prepagas.

En el caso que la prestación esté a cargo de una empresa, ese monto se descuenta del precio total de cada plan elegido. La diferencia la paga el trabajador, o el empleador, según sean las condiciones laborables establecidas.

El Gobierno entendió que facilitando la opción voluntaria de girarle directamente los fondos a las empresas de medicina privada (opción disponible desde diciembre) la mayoría de los trabajadores se inclinarían a realizar el trámite para pagar menos por la prestación final.

Sin embargo, desde el Gobierno aducen que fueron muy pocos los que tomaron este camino y sugirieron la existencia de algún tipo de acuerdo entre empresas y sindicatos para limitar el efecto de la medida.

Cabe apuntar que en los casos en que la diferencia la pagaban las empresas, estas no obtenían ningún beneficio y al no realizarse el cambio de modalidad mantenían una prenda de negociación con el sindicato.

Dado este escenario, el Ministerio de Salud publicó el viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1/2025 por la que dispuso la obligación del giro directo a las empresas de medicina privada de los aportes derivados de los trabajadores. Se estima que el universo de asalariados involucrados se ubica entre 1.300.000 y 1.400.00 millones.

“Esto significa que se terminan los costos adicionales que solo existieron para que quienes no ofrecían ningún servicio de salud, se queden con una parte de los aportes y contribuciones de la gente”, señaló el ministro de Salud, Mario Lugones.

“De esta manera, los famosos ‘sellos de goma’, que solo subsistían producto de la intermediación, no podrán continuar con un negocio de más de $ 30.000 millones por mes”, señaló.

La información oficial no precisó cuántos trabajadores con prepaga son los pagan la diferencia, ya que solo a ellos tendrán algún rédito económico.

La resolución también indica que los trabajadores que por algún motivo prefieran recibir la prestación de la obra social intermediaria tendrán 60 días para comunicar esa opción mediante un trámite on line.

¿Respuesta a la CGT?

La decisión del Gobierno se conoció a pocas horas de la realización de una marcha convocada por su discurso en Davos, pero que finalmente adoptó un perfil más político.

Pese a que el fundamento de la protesta fue las interpretaciones sobre las expresiones contra la diversidad de género por parte de Milei, la CGT decidió participar de la convocatoria.

De allí que esta medida del Ministerio de Salud pueda interpretarse como una respuesta directa a esa presencia, porque aunque muchas obra sociales solo retenían para sí una porción de los aportes, las de mayor porte, y que a su vez tenían convenio con prepagas, ahora verán resentido seriamente sus ingresos.