Subrogación de vientre: investigan a una clínica en Córdoba por presunta trata de mujeres
El juez federal Sánchez Freytes procesó al director de la clínica y a dos empleados. La causa expuso que los acuerdos entre gestantes y familias habrían vulnerado la decisión de la víctima.
Miércoles 20 de mayo 2026 | 10:45 Hs.
La Justicia Federal investiga a una clínica de fecundación de Córdoba por presunta trata de personas en casos de subrogación de vientre. La causa marca un precedente en la vinculación de la gestación por sustitución con la explotación de mujeres.
En el escrito de más de 200 páginas, el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, sostuvo que "si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante".
El magistrado procesó al director de la Clínica Fecundart, José Pérez Alzaa, como coautor de trata de personas agravada por abuso de vulnerabilidad y por haber logrado la finalidad de explotación.
El tribunal consideró que el hombre captó a mujeres vulnerables utilizando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica. También se lo acusa de haber realizado transferencias embrionarias sin autorización judicial previa, lo que se entiende como una estrategia para evadir controles sobre la libertad de consentimiento, según destacó Perfil.
También quedó acusada la administrativa Paula Liendo, quien habría actuado como el "canal" para contactar a las víctimas y convencerlas de someterse al proceso.
Por su parte, el abogado Nicolás Gigena fue imputado por "instruir a las mujeres para que mintieran ante los tribunales de Familia", inventando falsas relaciones de amistad con las parejas que pretendían procrear para acelerar los permisos judiciales.
El fallo resalta el aprovechamiento de situaciones de pobreza y vulnerabilidad de las víctimas, motivos por los cuales habrían aceptado realizar el procedimiento. Otras tres personas fueron sobreseídas por falta de mérito.
Los argumentos del juez
"La instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre", sostuvo el juez Sánchez Freytes.
La causa inició meses atrás luego de una denuncia anónima a la Línea 145, lo que permitió avanzar con la investigación, en la cual se obtuvieron declaraciones de suma importancia.
El magistrado es de los primeros en vincular sobre la subrogación de vientre como una forma de trata de personas. Hasta el momento la maternidad subrogada no está regulada por una ley específica a nivel nacional, lo que provoca un gris en torno a su práctica, la cual es legal, pero solo si existe previamente una autorización judicial.
Un dato aportado por las autoridades es que en el país está prohibido la subrogación onerosa o el pago por alquiler de vientre. La gestante debe actuar por solidaridad y en algunas ocasiones hasta se exige un vínculo afectivo o familiar.
Fuente: La Nueva Mañana
En el escrito de más de 200 páginas, el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, sostuvo que "si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante".
El magistrado procesó al director de la Clínica Fecundart, José Pérez Alzaa, como coautor de trata de personas agravada por abuso de vulnerabilidad y por haber logrado la finalidad de explotación.
El tribunal consideró que el hombre captó a mujeres vulnerables utilizando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica. También se lo acusa de haber realizado transferencias embrionarias sin autorización judicial previa, lo que se entiende como una estrategia para evadir controles sobre la libertad de consentimiento, según destacó Perfil.
También quedó acusada la administrativa Paula Liendo, quien habría actuado como el "canal" para contactar a las víctimas y convencerlas de someterse al proceso.
Por su parte, el abogado Nicolás Gigena fue imputado por "instruir a las mujeres para que mintieran ante los tribunales de Familia", inventando falsas relaciones de amistad con las parejas que pretendían procrear para acelerar los permisos judiciales.
El fallo resalta el aprovechamiento de situaciones de pobreza y vulnerabilidad de las víctimas, motivos por los cuales habrían aceptado realizar el procedimiento. Otras tres personas fueron sobreseídas por falta de mérito.
Los argumentos del juez
"La instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre", sostuvo el juez Sánchez Freytes.
La causa inició meses atrás luego de una denuncia anónima a la Línea 145, lo que permitió avanzar con la investigación, en la cual se obtuvieron declaraciones de suma importancia.
El magistrado es de los primeros en vincular sobre la subrogación de vientre como una forma de trata de personas. Hasta el momento la maternidad subrogada no está regulada por una ley específica a nivel nacional, lo que provoca un gris en torno a su práctica, la cual es legal, pero solo si existe previamente una autorización judicial.
Un dato aportado por las autoridades es que en el país está prohibido la subrogación onerosa o el pago por alquiler de vientre. La gestante debe actuar por solidaridad y en algunas ocasiones hasta se exige un vínculo afectivo o familiar.
Fuente: La Nueva Mañana
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