Todos los presos deberán limpiar y hacer mantenimiento en las cárceles federales

Los presos en cárceles federales estarán obligados a partir de ahora a limpiar y hacer tareas de mantenimiento en los centros de detención en los que estén alojados. De acuerdo con la resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cada detenido -tanto aquellos que tengan condena firme, como los procesados- tendrá que cumplir un plazo de hasta cinco horas diarias a esas actividades sin remuneración, si no recibirán una sanción que les impedirá acceder a determinados beneficios.

En una medida de tres artículos, uno de ellos de forma, el Gobierno resolvió “establecer la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios. Estas actividades podrán ser llevadas a cabo durante cinco (5) horas diarias y no serán remuneradas”.

Se trata de una decisión que amplía el programa Manos a la Obra, que implementó el SPF, con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles. “Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo Bullrich en octubre pasado, cuando anunció la iniciativa en la cárcel de Ezeiza y realizó actividades con un grupo de mujeres detenidas.

Por esta resolución, los internos estarán obligados a participar en el mantenimiento y en el ordenamiento de los lugares donde ellos están detenidos, entendiendo por esto la celda, el pabellón, los patios, la cancha de fútbol, los lugares comunes, los lugares de visita y todos los espacios donde ellos transitan su internación.

En los considerandos de la resolución 1346, publicada en la edición del Boletín Oficial de este miércoles, el Ministerio de Seguridad resaltó que “la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia”, según el artículo 18 de la Constitución Nacional, y los artículos 1 y 108 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

“Las personas privadas de la libertad no son víctimas, sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual”, estableció la medida, al tiempo que resaltó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social”.

Y agregó que “corresponde que todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal participen en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios, pues ello no solo constituye un deber y una obligación de todos los internos que se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución, en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, sino que también son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria”.

Desde el gobierno destacan que las tareas de limpieza y mantenimiento en las cárceles “no constituyen trabajo”, lo que obligaría a un régimen de remuneración.
 

La implementación

Este tipo de medidas, exigen implementar cambios muy significativos en la dinámica de los penales. Hay que prever un régimen de sanciones para el caso de que los internos se nieguen a cumplir esas obligaciones: lo que se prevé, es que se les impedirá acceder a beneficios por buena conducta, como tareas remuneradas, cambios de celdas y otros. No estaría prevista la privación de visitas. En cualquier caso, la implementación no será sencilla, comenzando por los propios agentes del servicio penitenciario que tendrán un nuevo punto de fricción con los internos.
 

En Córdoba

En el país, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con 29 establecimientos en 15 de las provincias, además de Alcaldías en algunas de ellas. En las que no tiene dependencias propias, se establecen convenios para el alojamiento de algunos presos.

Es el caso de la Provincia de Córdoba, en dónde no hay ningún establecimiento dependiente del SPF, pero hay 264 presos “federales”. Lo cierto es que las fuentes consultadas aseguran que  la medida dispuesta no será aplicada en nuestra provincia.



Fuente: Cba24n