Vaciamiento de los Parques Nacionales: despidos y avance contra el patrimonio natural del país

Un brigadista de incendios forestales que trabaja en un parque nacional tiene un sueldo por debajo de la línea de pobreza, cobra solo 420 mil pesos. En Córdoba, ninguno de ellos es planta permanente, solo contratados; y para trasladarse al lugar de trabajo lo hacen en su propio vehículo o en colectivo, pero ya sin el pase del descuento. Varios de los que trabajan en el Parque Nacional la Quebrada del Condorito son de la zona, viven en Río Los Sauces, que está en el mismo camino de las Altas Cumbres en la ruta 34, pero al estar a 30 o 40 km del parque, si la plata no alcanza aplican un régimen de cuatro días por tres. Es decir, se quedan en el parque cuatro días y luego pueden volver. La idea es ahorrar y que no signifique ir a laburar solo para pagar transporte y comida.


A estas condiciones ajustadas a la crisis económica, se suma la incertidumbre de si podrán seguir trabajando dentro de 10 días, cuando se caigan los contratos que los dejarían en la calle. Se trata del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei a pocos días de asumir cuyo objetivo apunta, cueste lo que cueste, al achique del Estado.

“La situación que atraviesan los parques nacionales es apremiante, pero no es la primera vez que un Gobierno intenta hacer esto”, dice a LNM el guardaparque Gabriel Brizuela, que trabaja hace 17 años en el área, se desempeña en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y además es delegado de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).


Poco personal para todas las áreas protegidas
En todo el país existen 55 áreas protegidas, que comprenden unos 18 millones de hectáreas y para ello, solo hay 2.200 trabajadores en todo el territorio nacional -se calcula un trabajador cada 8.000 hectáreas-. De ese total, el 50%, unos 1.100 trabajadores, de efectivizarse la medida presidencial, el 1 de abril se quedarán sin su fuente de trabajo.

La situación de Córdoba es tan compleja para los tres parques nacionales (Traslasierra, Quebrada del Condorito y Parque Nacional y Reserva Asenuza) como en otras regiones. Hay una dotación de 95 personas y el 60% de ellas está en condiciones de contratos precarios en las distintas modalidades que se viene haciendo desde hace muchos años. “Ahí hay un retroceso gigante porque mientras hubo una pelea estos cuatro años de pase a planta permanente y de estabilidad laboral, ahora no solamente no se logra ese derecho sino que se retrotrae y aumenta el grado de precariedad del tipo de contrataciones”, indica Brizuela.


Un panorama complejo

“Los brigadistas de incendios forestales, contratados bajo el artículo 9/ 2098, son los más precarios de todos y son justamente los que arriesgan sus vidas yendo al combate del fuego; es un laburo tremendamente insalubre y no hay un reconocimiento de la actividad de alto riesgo”, dice Brizuela y cuenta que han peleado durante años por un régimen de retiro que tenga que ver con reconocer esa actividad como de alto riesgo, anticipado, y el pase a planta permanente que les había prometido la gestión anterior pero que no se cumplió. “Entonces están servidos en bandeja para que el Gobierno de hoy les pase la motosierra”, indica el guardaparque.

Al contexto, como en muchas áreas del Estado, se suma que los parques nacionales también están afectados por el congelamiento del presupuesto a enero de 2023, lo cual impacta en el plan operativo anual de trabajo: “Muchas de las cosas que usamos vienen de afuera y eso va a generar que hasta junio haya presupuesto para seguir funcionando y después de ese mes se verá, reducir todo a la mínima expresión", explica Brizuela.


Fuente: LMDiario