Con fuertes críticas a la oposición, Llaryora dijo que piensa ir por la reelección en 2027
El gobernador habló sobre la reforma laboral, la licitación de drones para seguridad y la postura de la oposición de Córdoba. “Juez fue una catástrofe”, sentenció. “Si Bornoroni trabaja con Juez, le va a pasar lo mismo que a Giacomino”, dijo.
Lunes 09 de febrero 2026 | 19:01 Hs.
El gobernador Martín Llaryora criticó con dureza a la oposición cordobesa a la que calificó como una “máquina de impedir”, al tiempo que manifestó que en 2027 irá por la reelección, en una entrevista exclusiva que dio a La Voz En Vivo, el streaming de La Voz del Interior.
Llaryora cuestionó duramente la postura de la oposición en Córdoba de frenar obras y poner trabas en las políticas de su administración.
“Cuando les tocó gobernar fueron una catástrofe”, dijo el gobernador.
“La oposición es una máquina de impedir y con nosotros no van a poder”, añadió. Luego fue más allá: “Luis Juez fue una catástrofe, y (Ramón) Mestre, (Rodrigo) de Loredo también tuvieron su oportunidad”, dijo.
Para el gobernador hay un encono para frenar las obras en la Capital cordobesa. “Están enojados con el vecino, sólo quieren obstruir”. “A Juez no le importó reventar la ciudad (dijo al opinar sobre las trabas que tuvo en su momento el gobierno de Daniel Giacomino)”, dijo. “Si Gabriel Bornoroni sigue trabajando cerca de Luis Juez le va a pasar lo mismo que le pasó a Giacomino”, sostuvo. “El juecismo es más fácil (definir), porque es un partido familiar. Se juntan en la casa y definen qué hacen”, sostuvo. Sobre el radicalismo señaló que “hoy sólo hacen mérito para ver si Milei los elige”. Además de la definición electoral, Llaryora anticipó que su gobierno implementará una nueva reducción de la presión fiscal en 2025. “Acabo de anunciar que el próximo año voy a volver a hacer otra rebaja impositiva”, señaló, destacando que es un camino a profundizar hasta que mejore la situación económica general.
Consultado sobre el debate de la reforma laboral a nivel nacional, el gobernador se mostró a favor de una modernización que contemple las nuevas realidades del mercado, como el trabajo remoto y la inteligencia artificial, pero advirtió que no debe haber retrocesos en derechos adquiridos.
Llaryora hizo hincapié en la necesidad de diferenciar a las grandes empresas de las pequeñas y medianas. “Hay que separar a las Pymes”, sostuvo, argumentando que la litigiosidad laboral es una barrera para la contratación en los comercios de cercanía y negocios barriales. Para el mandatario, es fundamental crear un “marco legislativo para las Pymes” que evite que un juicio laboral obligue al cierre de una empresa pequeña. Según su visión, la mayor cantidad de puestos de trabajo se encuentra en el comercio de barrio, por lo que propuso un “acuerdo especial” para este sector.
Uno de los momentos más tensos se produjo al abordar la relación con la oposición en la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Llaryora acusó directamente al senador Luis Juez y al diputado Rodrigo de Loredo de liderar una estrategia de obstrucción sistemática.
“Son una máquina de impedir”, calificó el gobernador, denunciando demoras intencionales en la aprobación de expedientes de obra pública claves para la ciudad de Córdoba y el interior. Según el mandatario, los tribunos de cuentas opositores paralizan proyectos mediante pedidos de informes reiterados y devoluciones de expedientes que, en un contexto inflacionario, obligan a redeterminar precios y reiniciar procesos administrativos.
Fuente: La Voz del Interior
“Cuando les tocó gobernar fueron una catástrofe”, dijo el gobernador.
“La oposición es una máquina de impedir y con nosotros no van a poder”, añadió. Luego fue más allá: “Luis Juez fue una catástrofe, y (Ramón) Mestre, (Rodrigo) de Loredo también tuvieron su oportunidad”, dijo.
Para el gobernador hay un encono para frenar las obras en la Capital cordobesa. “Están enojados con el vecino, sólo quieren obstruir”. “A Juez no le importó reventar la ciudad (dijo al opinar sobre las trabas que tuvo en su momento el gobierno de Daniel Giacomino)”, dijo. “Si Gabriel Bornoroni sigue trabajando cerca de Luis Juez le va a pasar lo mismo que le pasó a Giacomino”, sostuvo. “El juecismo es más fácil (definir), porque es un partido familiar. Se juntan en la casa y definen qué hacen”, sostuvo. Sobre el radicalismo señaló que “hoy sólo hacen mérito para ver si Milei los elige”. Además de la definición electoral, Llaryora anticipó que su gobierno implementará una nueva reducción de la presión fiscal en 2025. “Acabo de anunciar que el próximo año voy a volver a hacer otra rebaja impositiva”, señaló, destacando que es un camino a profundizar hasta que mejore la situación económica general.
Consultado sobre el debate de la reforma laboral a nivel nacional, el gobernador se mostró a favor de una modernización que contemple las nuevas realidades del mercado, como el trabajo remoto y la inteligencia artificial, pero advirtió que no debe haber retrocesos en derechos adquiridos.
Llaryora hizo hincapié en la necesidad de diferenciar a las grandes empresas de las pequeñas y medianas. “Hay que separar a las Pymes”, sostuvo, argumentando que la litigiosidad laboral es una barrera para la contratación en los comercios de cercanía y negocios barriales. Para el mandatario, es fundamental crear un “marco legislativo para las Pymes” que evite que un juicio laboral obligue al cierre de una empresa pequeña. Según su visión, la mayor cantidad de puestos de trabajo se encuentra en el comercio de barrio, por lo que propuso un “acuerdo especial” para este sector.
Uno de los momentos más tensos se produjo al abordar la relación con la oposición en la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Llaryora acusó directamente al senador Luis Juez y al diputado Rodrigo de Loredo de liderar una estrategia de obstrucción sistemática.
“Son una máquina de impedir”, calificó el gobernador, denunciando demoras intencionales en la aprobación de expedientes de obra pública claves para la ciudad de Córdoba y el interior. Según el mandatario, los tribunos de cuentas opositores paralizan proyectos mediante pedidos de informes reiterados y devoluciones de expedientes que, en un contexto inflacionario, obligan a redeterminar precios y reiniciar procesos administrativos.
Fuente: La Voz del Interior
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